En marzo de 2017 comenzó un complejo proceso de reuniones, disposiciones y diálogo por parte de los actores políticos españoles encaminada a definir una estrategia nacional de justicia y que se prolongó hasta el presente mes; la llamada Subcomisión de Justicia.
La Subcomisión de Justicia, abocada al fracaso.
El carácter de urgencia de esta era evidente en base a los numerosos informes y quejas de los actores judiciales centrales, que hacían referencia a una imperiosa necesidad de renovación y modernización de la Justicia española. Esto, unido a la predisposición para el diálogo de los partidos políticos, no evitaron que la culminación de la misma, la disposición de 103 propuestas a tal fin -y que se entiende fueron consensuadas por los partidos que formaron dicha Subcomisión- fuesen solamente ratificadas por el PP y el PNV.
El resto de Partidos políticos fueron cayéndose progresiva -e intencionadamente- del diálogo por diversas causas que pasaremos a describir a continuación, haciendo peligrar una reforma que se antoja acuciante.
Podemos. La Subcomisión de Justicia no es una cortina de humo.
El grupo confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Mareas abandonó la Subcomisión a finales de noviembre al considerarla “una mera operación de maquillaje”, al esquivar los dos temas que consideraban capitales: la derogación de la reforma 2013 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la revisión del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Por si esto no fuese suficiente, Gloria Elizo Serrano, secretaria de acción Institucional de Podemos, y encargada de intervenir en la sesión anteriormente mencionada en la que se presentaron las 103 disposiciones conclusivas, sumó al anterior otro argumento más; el abuso del veto presupuestario por parte del Gobierno.
Así, el Gobierno, en base a la necesidad de modificaciones presupuestarias para la salida delante de algunas medidas legislativas, ha paralizado ya más de 50. En palabras de la propia Serrano, “Nosotros vamos a plantear una propuesta legislativa para decir que pese a operar como instrumento de veto presupuestario desvirtúa la doctrina del Tribunal Constitucional que dice que sólo puede haber veto presupuestario para aquellas propuestas legislativas que afecten al ejercicio presupuestario corriente y no a futuros. De manera que están utilizando una herramienta impidiendo que los grupos parlamentarios debatamos en el parlamento iniciativas legislativas”.
Ciudadanos. Un límite innegociable para la nueva justicia.
A esta escapada se unió Ciudadanos el 6 de enero, al entender como un punto no negociable la obligación de elección de los 12 vocales jueces por, y entre, los propios jueces que conforman la carrera judicial. Esta medida no fue un capricho del partido político, pues es lo recomendado por el Consejo de Europa en su Informe del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO).
La propuesta se encontró con la negativa del PP y PSOE, por lo que el partido naranja se desmarcó de la subcomisión. José Ignacio Prendes, portavoz de justicia del partido, defendió la postura del mismo con el siguiente argumentario: “una de las claves de los cambios es que los doce miembros del Consejo General del Poder Judicial sean directamente elegidos por sus pares. Y más adelante, el grupo GRECO reitera que los cargos políticos no deberían participar en la elección de estos cargos judiciales en ninguno de los escalones del proceso. Esa es la clave. Lo dice GRECO, no lo digo yo”.
Para dar mayor fuerza a su argumento, Prendes hizo referencia a la sentencia del Consitucional 108/1986, que validó la reforma que eliminó la elección de los 12 vocales jueces por sus compañeros, dejándolo en manos del Parlamento.
El PSOE, último en desmarcarse de la negociación judicial.
Por su parte, el PSOE no se presentó a la firma del informe de la Subcomisión el 1 de marzo, pero sí hizo un comunicado en el que acusaba al Gobierno de “hacer inviable” el Pacto por la Justicia. En él culpaban a las dos formaciones anteriormente mencionadas, al abandonar la citada subcomisión.
El Partido Socialista no escatimó tampoco culpas también para el responsable directo de la misma, el Ministerio de Justicia, al que, en la misma notificación, dirigía las siguientes palabras: “no gestiona y no tiene proyecto alguno. De ahí que buscara un pacto a cualquier precio que pudiera salvar al Gobierno sin importarle las necesidades de la Administración de Justicia de este país, carente de medios materiales y personales y pilar fundamental en la lucha contra la corrupción y la defensa del Estado de Derecho”.
Abogados y procuradores claman por una reforma urgente de la Justicia.
Anteriormente mencionamos esas 103 medidas acordadas por el ministro de Justicia Rafael Catalá y lo convulso de su nacimiento. Ese centenar de propuestas, solo fueron ratificadas por PP y PNV, por lo que, ante la falta de quorum, no tienen validez alguna.
Y es aquí donde entran en escena abogados y procuradores. Unidos, el Consejo General de la Abogacía Española y el de Procuradores de España han reclamado la aplicación inmediata de las 103 medidas acordadas por la fallida Subcomisión.
Ambos actores, imprescindibles al ser los responsables de la tutela judicial efectiva del ciudadano, han mostrado su apoyo al plan y la urgencia de este para lograr una modernización en la justicia que se antoja obligatoria.
Como bien relatamos al principio del presente artículo, esto no viene de ahora; hace dos años, los abogados ya alertaron en el documento “Elementos para una propuesta de Pacto de estado por el Futuro de la Justicia” a todos aquellos que tuvieran algo que decir en la Administración de la Justicia de lo necesaria que era la reforma, y el mismo tema fue tratado por los procuradores en su Foro debate que tuvo lugar hace apenas unas semanas.
Finalizamos con una conclusión; y es que lo que ambos buscan es, en última instancia un Pacto de Estado, pero independientemente de que este llegue o no a darse, la aplicación de las medidas anteriormente mencionadas, una vez sean perfectamente consensuadas y gocen de acuerdo mayoritario, han de ser puestas en marcha sin la menor dilación.
