Se cumplen ya siete semanas de huelga en la justicia gallega; 36 días de servicios mínimos que, como ya reflejamos en nuestro anterior artículo, no cubren las necesidades judiciales de la sociedad gallega. Las previsiones no son las mejores, y aunque hay síntomas de acercamiento tras la negociación del pasado viernes 9, las posturas siguen alejadas entre Xunta y Sindicatos.

La huelga continúa a pesar de un nuevo cara a cara.

Nueve horas duró la reunión anteriormente mencionada entre gobierno autonómico y organizaciones. Las sensaciones, una vez acabada la misma, varían según a que parte del conflicto se cuestione. El órgano de gobierno gallego considera que ha salvado dos obstáculos que la otra parte del conflicto entendía como imprescindibles, y sobre los que construir futuras negociaciones; que parte del aumento exigido se haga efectivo a lo largo de este año, y que este sea lineal, sin distinción alguna entre los cuerpos de la Administración de Justicia. Aún y con todo esto, la reunión no puede ser tildada de éxito.

La Xunta presentó tres ofertas con respecto al aumento del complemento autonómico transitorio (CAT) para todos los trabajadores, la última de ellas de 105 euros mensuales -sumando un total de 550€ en cada paga-, argumentando esta cifra en base a gráficos de cada una de las Comunidades Autónomas, que justificaban esta subida a los funcionarios gallegos en términos de llegar a la media del Estado; las exigencias iniciales.

La oferta se encontró con el rechazo transversal por parte de los sindicatos, al expresar que aún había mucha distancia entre lo ofrecido y lo exigido, 225€ antes de comenzar la negociación, que fueron rebajados a 190€.

Además, y convirtiéndose ya en algo reiterado a lo largo de las negociaciones -como detallaremos a continuación- desde las organizaciones se dejó constancia de una cierta manipulación y despotismo en las actuaciones de la Xunta.

¿Se puede desbloquear la huelga próximamente? Motivos a favor y en contra.

Así pues, hoy no estamos en disposición de ejercer de adivinos y anticipar el final de una huelga que, si bien nuestro sentido común nos dice debe acabar pronto, no parece tener fácil solución.

Por una parte, ambas partes han salido de esta negociación destacando la buena voluntad de la otra para encontrar ambas posturas y finalizar el conflicto.

Todo esto se une a los problemas inherentes a una huelga de estas características para la sociedad, que nos permiten creer que esta situación a largo plazo es inviable, por lo que una solución al parón puede estar más próxima de lo que creemos.

Pero, por otro lado, los continuos reproches entre Gobierno y sindicatos, unidos a la enorme distancia a salvar entre dos posiciones polarizadas, nos devuelven a una realidad en la que la huelga sigue su curso.

A favor. Xunta y sindicatos son conscientes de la situación de parón.

A pesar de todo esto, y aquí encontramos uno de los pocos motivos a la esperanza, ambas partes destacaron la buena voluntad de la otra para encontrar ambas posturas y finalizar el conflicto.

La negociación fue tal, y aunque no se llegó a acuerdo, la clarificación de posturas seguirá su curso, pues responsables de ambas partes así lo hicieron ver con sus manifestaciones públicas, instándose a seguir negociando. Un lunar a este aspecto es la queja por parte de los sindicatos, pues su intención de seguir negociando al día siguiente se vio truncada por la respuesta de la Xunta, emplazándolos a un futuro encuentro, todavía sin fecha.

Todo esto se une a los problemas inherentes a una huelga de estas características para la sociedad, que nos permiten creer que esta situación a largo plazo es inviable, por lo que una solución a la huelga puede estar más próxima de lo que creemos.

Para que nos hagamos una idea de la gravedad del conflicto, basta con ver los trámites que no se están pudiendo llevar a cabo, y sus consecuencias para los afectados:

• Defunciones: actualmente son ya más de 1100 las defunciones que no se han podido formalizar al ser extremadamente complicado el expedir un certificado de defunción en el Registro Civil. Debemos sumar por tanto al dolor inherente al fallecimiento de un ser querido, y desde una visión más pragmática, la imposibilidad de dar de baja su pensión, cuenta bancaria e incluso gestionar sus últimas voluntades.
• Nacimientos: un bebé solo puede inscribirse en el hospital durante las primeras 72 horas. Pasado ese plazo, se debe acudir al registro. Actualmente, el parón no permite la inscripción de los nacimientos, lo que imposibilita la asignación de un pediatra o la percepción de prestación por maternidad.
• Juicios: más de 12000 según los sindicatos, 6000 según la Xunta. Solo se están llevando a cabo aquellos en los cuales los acusados están en prisión preventiva.

En contra. La Xunta y su agresiva negociación contra la huelga.

Todo esto que acabamos de reflejar choca con una manera de actuar por parte del gobierno autonómico que no está siendo bien vista por parte de los sindicatos.

La semana pasada el vicepresidente del gobierno de la comunidad, Alfonso Rueda, volvía a lanzar una petición a los sindicatos; que la huelga debía ser suspendida mientras las negociaciones tuvieran lugar. Lo explicaba como una petición lógica, en base a la posibilidad de que así los ciudadanos pudieran acceder a los servicios judiciales pertinentes.

Los sindicatos entendieron esto como un intento de chantaje, y la semana transcurrió con peticiones diarias de estos a retomar el diálogo, manteniéndose inamovibles en sus condiciones, y la indisposición de la Xunta, que las veía absurdamente excesivas.

A pesar de ello, y gracias en parte a las presiones de diversos organismos, la negociación antes descrita tuvo lugar. Pero como ya dijimos, el resultado fue tanto positivo como negativo, pues, aunque la situación ha mejorado, sigue estancada, y las posturas alejadísimas.

Así, mientras el vicepresidente se queja, pues “la oferta del viernes cumplía exactamente no sólo lo que se acordó en el Parlamento, si no lo que pedían los trabajadores de Justicia, que era situarse en la media de las Comunidades Autónomas”, los sindicatos acusan al alto cargo de “mentir”, y de tener “un problema con las matemáticas”, al considerar los datos aportados falsos, pues no tienen en cuenta mejoras ya pactadas con otras Comunidades Autónomas, que harán que, cuando se complete la subida -en 2020- Galicia siga estando por debajo de la media.

Finalizado aquí nuestro análisis de la situación actual de la justicia gallega, desde Abella Procuradores solo nos queda desear, una vez más, una pronta resolución que satisfaga a ambas partes.