El pasado día siete de febrero los funcionarios judiciales gallegos comenzaron una huelga en la justicia, que dura ya tres semanas. Los servicios mínimos no han subsanado unos problemas que, lógicamente, van en aumento; son ya más de siete mil los juicios y procedimientos jurídicos que han sido suspendidos.

Efectos colaterales de la huelga en la justicia. Disensiones internas.

Las voces críticas se acumulan, y ya entre los funcionarios, que durante las dos primeras semanas no manifestaron palabra en una u otra corriente, se comienza a manifestar la opinión de que debe desconvocarse la misma. Estas opiniones no son unánimes, lo que está redundando en un malestar generalizado debido a unos más que posibles roces que se antojan inevitable si el parón sigue adelante.

Este malestar se hace cada vez más visible, e incluso en los juzgados coruñeses comienzan a parecer carteles que hacen referencia a los esquiroles como obstáculo del éxito de la huelga.

Las razones que esgrimen los partidarios de acabar con el paro son varios; por un lado está el tema del salario, reducido drásticamente tras más de medio mes sin trabajar -se estima que pierden entre 60 y 80 euros diarios, dependiendo del cuerpo al que pertenezcan-, y por otro, e incluso más importante, el prejuicio que se le está causando al ciudadano, que ve como su acceso a la justicia se ve enormemente mermada, valgan de ejemplo esos más de mil certificados de defunción sin tramitar.

En vista de todo esto, podemos inferir que la huelga en justicia comienza a perder adeptos, pero el bloqueo continúa, y no podemos olvidar que los funcionarios están ejerciendo su derecho. Además, diversos colectivos siguen sumándose a las exigencias de los funcionarios, los últimos, la Asociación Galega de Médicos Forenses.

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha abierto una posible vía al retorno de las negociaciones con los sindicatos, después de que estas se rompieran en la reunión mantenida el 12 de febrero. En aquel momento, la Xunta ofrecía una subida adicional de 15 euros mensuales para cualquiera de las categorías de los funcionarios de justicia. Las exigencias de los sindicatos se situaron en los 225, por lo que este intento de negociación fue recibida por las organizaciones sindicales como ridículo. De todas formas, Rueda plantea una condición indispensable para que este nuevo intento tenga lugar; la suspensión de la huelga en justicia.

No ha tardado en llegar la respuesta de los sindicatos, que han tildado la propuesta del alto cargo de chantaje, ya que entienden que desconvocarla sin garantías de un cambio de postura por parte de la Xunta es inviable.

Una posible salida a la huelga. Los procuradores se ofrecen.

Por su parte, todo este proceso también ha salpicado a los procuradores. El colegio pontevedrés se ha sumado a esa corriente anteriormente mencionada, que ve con temor como el ciudadano no tiene acceso a la justicia, o lo tiene de una forma muy limitada, por lo que ha instado, mediante un comunicado, a los sindicatos y a la Xunta a negociar un nuevo acuerdo sin dilación. En palabras del mismo, “ante la paralización de los trámites judiciales reclamamos que se retome el diálogo y se alcance un acuerdo satisfactorio en aras del interés general de la sociedad, de la ciudadanía y del adecuado funcionamiento de la Administración”.

Relacionado con lo anterior, Jesús Martínez Melón, presidente del Consejo Gallego de los Procuradores, ha mostrado también su preocupación por este parón en la justicia del que no se vislumbra un final próximo, y se ha manifestado en términos similares a sus colegas pontevedreses, expresando su confianza en ambas partes del conflicto, e incluso ofreciéndose a ayudar en ese restablecimiento de relaciones entre Xunta y sindicatos. En otras palabras, llevando una labor de mediación entre ambas partes, muy desgastadas y polarizadas debido a una larga y complicada negociación.

Finalizamos haciendo un llamamiento desde Abella Procuradores al dialogo entre ambos actores del conflicto, y a una pronta solución satisfactoria para ambas partes, pues, como ya hemos referenciado a lo largo del artículo, el principal perjudicado es el ciudadano.